Desde Luz Verde nos solidarizamos con el movimiento asociativo cannábico barcelonés (y con el de toda Catalunya y España), que está padeciendo el acoso y persecución del ayuntamiento, gobernado por el PSC, que ya anunció que usaría todos los medios legales a su alcance para cerrarlas todas, ya que no se corresponden con el modelo de ciudad que defienden, con el apoyo de otros partidos como PP, Vox y Junts.
Esta primavera, convocamos tres concentraciones mensuales frente al consistorio, desde el momento que se hicieron públicas esas declaraciones e intentamos movilizar al movimiento cannábico creando una plataforma transversal junto a la sociedad civil, que siempre ha demostrado ir por delante en la transformación social, mientras que la política de partidos y la administración actual parece que van en sentido contrario, en retroceso en lo que se refiere a derechos y libertades.
Desde Europa ya se concluyó en su día, que para diseñar políticas de drogas justas y eficaces, era necesario contar con la participación de las personas usuarias, algo que se venía haciendo en algunas mesas y comisiones de salud, pero el gobierno local ha decidido enquistarse en la fallida guerra contra las drogas en su versión más represiva y radical, mientras todas las organizaciones expertas en políticas de drogas marcan una línea opuesta, considerando la existencia de las asociaciones cannábicas como un avance en materia de salud y prevención de riesgos, así como un beneficio, no solo para las personas usuarias, sino para toda la sociedad.
El Ayuntamiento se alinea así con las tendencias autoritarias de la derecha y la extrema derecha europeas, provocando un fortalecimiento de las redes del mercado negro ilegal, tal como apuntan diferentes asociaciones policiales, tanto locales, como la ARP, o internacionales como la LEAP, que señalan la guerra contra el narcotráfico como provocadora dar más poder a las bandas organizadas, ya que, al eliminar a una, hacen más fuertes a su competencias, haciéndoles el trabajo sucio. Estas agrupaciones policiales apuntan a una legalización como la única solución a la escalada y crecimiento del narcotráfico criminal, tal como está pasando en Catalunya y España con el cannabis, donde ya se empieza a ver como va en aumento la corrupción policial, judicial y política ante el aumento de poder económico de estas organizaciones.
Mientras seguimos esperando respuesta a nuestras peticiones para reunirnos con el Ayuntamiento para mostrar nuestra repulsa a estas actuaciones de cierres, multas e imputaciones y contrastar información para ofrecer colaboración y propuestas de soluciones, hacemos un llamamiento al movimiento cannábico para mostrarse unido y trabajar en ofrecer alternativas a la actual política represiva, que solo conseguirá sacar el consumo y el tráfico a las calles y parques, de donde había salido, sino todo, en su gran mayoría. Así como para utilizar este proceso para resignificar los clubs y proponer un compromiso social más elevado y competente, cumpliendo y ampliando los códigos de buenas prácticas desde la responsabilidad social.
Sabemos que el cannabis no es una sustancia inocua y por ello siempre hemos propuesto medidas de prevención y protección de colectivos vulnerables como las personas menores o enfermas mentales, para quienes el uso no es aconsejable.
Y otros argumentos como los brotes psicóticos o el fracaso escolar no se sostienen cuando hay drogas legales que matan a muchos miles de personas cada año, como el tabaco o el alcohol y a nadie se le ocurre proponer prohibirlo, pero sí regularlo de forma restrictiva. Por eso queremos proponer hacer lo mismo con el cannabis, para acabar con esta injusta criminalización, estigmatización y persecución que acaba con miles de personas usuarias y cultivadoras individuales o colectivas, tanto para uso medicinal o recreativo, con multas inasumibles o procesos penales que han llevado a muchas de ellas a cumplir penas de prisión.
Nos sumamos a todos los comunicados que se están publicando desde la sociedad civil, el movimiento asociativo y organizaciones de científicos y expertos, que reclaman unas políticas de drogas más justas y eficaces, que tengan en cuenta a las personas con criterios de salud y de justicia y transformación social.
Seguiremos intentando presentarnos a todas las elecciones que se convoquen para llevar este mensaje a las cámaras legislativas y conseguir revertir la situación, proponiendo leyes menos injustas, más avanzadas y adaptadas a la evolución social de los tiempos actuales e invitamos a todas las personas que defiendan lo mismo a unirse y conseguir entre todas las personas afines nuestro objetivo común.